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Argentina reforzó las medidas contra empresas vinculadas con actividades de petróleo en Malvinas mientras avanza el desarrollo del proyecto offshore Sea Lion.
El Gobierno de Javier Milei amplió las acciones dirigidas contra compañías relacionadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las aguas en disputa. El objetivo es extender el alcance de las sanciones no solo sobre los operadores, sino también sobre proveedores que participen directa o indirectamente en esos proyectos sin autorización argentina.
Las nuevas medidas vuelven a colocar en el centro de la disputa al proyecto Sea Lion, situado aproximadamente 220 kilómetros al norte de las islas y desarrollado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
Argentina amplía las sanciones por el petróleo en Malvinas
La Cancillería argentina inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas investigadas por su participación en actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en el área de Malvinas.
Las acciones se sustentan en la Ley 26.659, que establece restricciones para las compañías que desarrollen actividades hidrocarburíferas en sectores de la plataforma continental reclamados por Argentina sin contar con autorización del Gobierno nacional.
El alcance de la normativa no se limita necesariamente a las empresas que extraen petróleo o gas, también puede involucrar a proveedores de servicios técnicos, logísticos, comerciales y operativos que contribuyan al desarrollo de estos proyectos.
Rockhopper ya había sido alcanzada por la legislación argentina en 2013, mientras que Navitas recibió una sanción en 2022. Ambas compañías fueron inhabilitadas para operar en Argentina durante un período de 20 años.
Ahora, el Gobierno busca acelerar la identificación de otras empresas relacionadas con estas actividades. Para ello, distintos organismos de la administración pública deberán informar sobre operaciones empresariales vinculadas con Malvinas que no cuenten con autorización argentina.
Sea Lion reactiva la disputa por los recursos petroleros
El avance de Sea Lion es uno de los principales elementos detrás de esta nueva etapa de medidas, el proyecto alcanzó su decisión final de inversión a finales de 2025 y actualmente avanza hacia el inicio de la producción, previsto para marzo de 2028.
La primera etapa contempla el desarrollo de 11 pozos submarinos conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, conocida como FPSO. Una segunda fase podría sumar alrededor de 12 pozos adicionales aproximadamente tres años después de alcanzar el primer petróleo.
El proyecto representa, por tanto, una explotación de largo plazo en las aguas alrededor de las islas, las actividades son autorizadas por la administración de las Falkland Islands, mientras Argentina sostiene que cualquier operación hidrocarburífera en esa zona requiere autorización del Gobierno argentino.
Las empresas con negocios en Argentina enfrentan mayor exposición
La capacidad de Buenos Aires para aplicar medidas tiene, sin embargo, un alcance práctico diferente según la presencia que las compañías mantengan dentro del país. Las sanciones pueden tener mayores consecuencias para aquellas empresas que posean activos, oficinas, contratos o actividades comerciales en Argentina.
Esto aumenta especialmente la exposición de proveedores de logística, transporte, equipos, abastecimiento y asistencia técnica que puedan participar tanto en el mercado argentino como en proyectos relacionados con las islas.
En cambio, una compañía que no tenga activos ni actividad económica dentro de Argentina resulta más difícil de alcanzar directamente mediante medidas administrativas locales.
La estrategia podría tener así un efecto especialmente relevante sobre la cadena de suministro de Sea Lion. Los proveedores interesados en participar en el proyecto deberán evaluar qué consecuencias podría tener esa decisión sobre sus negocios presentes o futuros en Argentina.
La Ley 26.659 gana peso con el avance de Sea Lion
El Gobierno argentino también busca agilizar la aplicación de la Ley 26.659 mediante nuevos mecanismos administrativos. La normativa contempla sanciones para quienes realicen actividades de exploración o explotación de hidrocarburos sin autorización argentina, así como para determinadas empresas vinculadas indirectamente con esas operaciones.
Las compañías alcanzadas por estas disposiciones también pueden quedar excluidas de proyectos asociados al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).
De esta manera, Buenos Aires intenta elevar el costo comercial de participar en desarrollos petroleros alrededor de las Malvinas para aquellas empresas que al mismo tiempo mantengan intereses económicos dentro del mercado argentino.
El petróleo vuelve al centro de la disputa en el Atlántico Sur
El avance de Sea Lion incorpora una dimensión energética cada vez más relevante a la histórica disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido.
Argentina mantiene su reclamo sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, además de los espacios marítimos correspondientes. Reino Unido administra las Falkland Islands y mantiene una posición diferente respecto de la soberanía del archipiélago.
Con Sea Lion encaminándose hacia su etapa productiva, la discusión ya no se limita a la exploración de recursos. La previsión de comenzar a producir petróleo en 2028 aumenta la importancia económica del proyecto y eleva, al mismo tiempo, la presión política, jurídica y comercial alrededor de las operaciones offshore en el Atlántico Sur.
Fuente: Oil Price
Foto: Shutterstock
