Reino Unido busca recuperar el apoyo a la transición energética
El apoyo público a la transición energética en Reino Unido muestra señales de debilitamiento, un informe parlamentario advierte que los costes para los consumidores y la forma en que el Gobierno comunica sus políticas están dificultando que parte de la población perciba sus beneficios.
El Comité de Seguridad Energética y Cero Emisiones Netas de la Cámara de los Comunes publicó el informe el 17 de septiembre. El documento analiza cómo el Gobierno puede conseguir un mayor respaldo de hogares y empresas durante los cambios en la generación y el consumo de energía.
Los costes condicionan el apoyo a la transición energética
El Comité considera que generar beneficios económicos para consumidores y empresas es la principal medida que puede tomar el Gobierno para reforzar el respaldo a la transición energética.
La preocupación económica ocupa así una parte importante del debate, el Comité también pide aplicar recomendaciones planteadas anteriormente para reducir los precios de la electricidad y mejorar la competitividad de las empresas británicas.
Esta situación coloca el coste de la energía en el centro de la política británica, la transición hacia fuentes con menores emisiones tendrá que avanzar mientras hogares y empresas prestan atención al impacto que las medidas puedan tener sobre sus gastos.
La seguridad energética gana peso en Reino Unido
Por otra parte, la seguridad energética aparece como uno de los argumentos utilizados para explicar los beneficios de transformar el sistema energético británico.
La dependencia de los mercados internacionales de combustibles fósiles puede exponer al país a cambios en los precios y a tensiones externas. Por este motivo, el Comité valora que el Gobierno esté prestando mayor atención a la seguridad energética como una de las razones para impulsar la transición.
En este escenario, aumentar la presencia de energías renovables puede formar parte de una estrategia destinada a reducir esa exposición. El mensaje cambia así el foco desde los objetivos de emisiones hacia cuestiones que afectan directamente al suministro y a la economía.
Los hogares quieren mejorar su eficiencia energética
Asimismo, el interés de los hogares por reducir su consumo representa otra parte del desafío, tres cuartas partes de los hogares están interesados en realizar mejoras de eficiencia energética según los datos recogidos en la información aportada sobre el informe.
Sin embargo, el coste de estas actuaciones y el desconocimiento sobre las ayudas disponibles pueden impedir que ese interés se convierta en inversiones concretas.
Esto hace que medidas relacionadas con aislamiento y sistemas de calefacción tengan una dimensión económica además de ambiental. Explicar cuánto cuestan las mejoras, qué apoyo existe y qué beneficios pueden obtener los hogares puede influir en su adopción.
El impacto sobre los hogares vulnerables genera preocupación
Al mismo tiempo, el informe presta atención a cómo se distribuyen los costes asociados con la descarbonización.
Los cargos incorporados a las facturas de electricidad pueden tener un efecto proporcionalmente mayor sobre hogares con menos recursos. Por ello, el Comité plantea que las políticas deben evitar perjudicar a quienes viven en pobreza energética o se encuentran en riesgo de entrar en ella.
La cuestión amplía el debate sobre las cero emisiones. El desafío no consiste únicamente en modificar las fuentes utilizadas para producir energía. También incluye decidir cómo se financia el proceso y cómo se distribuyen sus costes entre consumidores y empresas.
Pymes e instaladores pueden tener un mayor papel
El Comité considera necesario involucrar a las pequeñas y medianas empresas, entre sus recomendaciones figura desarrollar una estrategia específica para facilitar la participación de las pymes en la transición energética.
Los profesionales que trabajan directamente con calefacción, aislamiento y otras mejoras domésticas pueden actuar como fuentes de información para los consumidores.
Por ello, reforzar la formación y el apoyo disponible para los instaladores permitiría complementar las campañas institucionales con asesoramiento relacionado con las decisiones que toman los hogares.
Reino Unido replantea cómo comunica la transición energética
A su vez, el informe cuestiona una comunicación excesivamente concentrada en las metas de emisiones. El Comité investigó precisamente si el Gobierno está explicando de manera efectiva los objetivos y beneficios de la transición energética a la población.
El planteamiento propone dar más espacio a consecuencias cercanas para los ciudadanos. Entre ellas figuran el coste de la energía, la resiliencia del país y otros efectos económicos y sociales asociados con las políticas energéticas.
De esta forma, la comunicación podría presentar la transición energética mediante resultados que los consumidores puedan relacionar con sus facturas, sus viviendas y la disponibilidad de energía.
El término “cero emisiones netas” pierde protagonismo
Por otro lado, el Comité plantea reducir la dependencia de la expresión “cero emisiones netas” al comunicar estas políticas.
La investigación parlamentaria se inició en un contexto en el que había aumentado la oposición pública al net zero y se había debilitado el consenso político alrededor del asunto. Su objetivo fue estudiar si la población estaba recibiendo información suficiente para comprender las metas y beneficios de la transición.
El cambio propuesto supone trasladar parte del debate desde una meta ambiental de largo plazo hacia efectos más concretos. La seguridad energética, el coste de la electricidad y la menor dependencia de los combustibles fósiles pueden adquirir así mayor presencia en el mensaje gubernamental.
La desinformación también preocupa al Parlamento
Finalmente, el Comité incluye la información falsa sobre el clima y la transición energética entre los asuntos que requieren atención.
El informe pide nuevas actuaciones para responder al aumento de la desinformación, también recomienda elevar el perfil público de las academias nacionales con el propósito de ampliar el acceso a fuentes especializadas.
La discusión se desplaza así hacia la manera de conseguir respaldo social mientras cambia el sistema energético. Los costes para consumidores, las energías renovables, la seguridad del suministro y la forma de comunicar las políticas aparecen como algunos de los principales frentes que tendrá que abordar el Gobierno.
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MDL recupera infraestructura submarina en Brasil
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Transocean suma contrato de $80 millones en África
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