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La Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC) resolvió someter la propuesta de concentración económica entre Saipem y Subsea7 a una exhaustiva evaluación de Fase 2. La entidad reguladora advirtió que la integración de ambas corporaciones globales de ingeniería y construcción posee el potencial de disminuir de forma sustancial la competencia en el mercado nacional. En específico, los servicios afectados corresponden a la provisión de infraestructura submarina crítica destinada a conectar los pozos de producción con las plataformas de superficie.
El impacto regulatorio de Saipem y Subsea7 en el sector petrolero
A raíz de esta determinación oficial, el comisionado de la ACCC, el doctor Philip Williams, manifestó que los servicios de diseño, fabricación e instalación submarina resultan fundamentales para los proyectos energéticos en alta mar. Las dos organizaciones operan flotas especializadas de buques de tendido de tuberías y ejecutan contratos determinantes en la costa de Pilbara, en Australia Occidental. Por consiguiente, la investigación detallada buscará dilucidar si la consolidación empresarial limitará las opciones de los productores locales de hidrocarburos. El organismo regulador mantendrá abierta la recepción de alegaciones comerciales y técnicas hasta el próximo 21 de julio de 2026.
De manera complementaria, el análisis técnico se centrará en los denominados servicios SURF, los cuales comprenden cables umbilicales, elevadores y líneas de flujo. Estas tecnologías resultan indispensables para la operatividad logística de la industria extractiva marina. Así mismo, la ACCC aclaró que otras actividades conjuntas relativas a la inspección, reparación, mantenimiento y desmantelamiento de estructuras, además de las obras para parques eólicos marinos, quedan excluidas de esta indagación profunda al no detectar amenazas competitivas inmediatas en dichos rubros.
Por lo que respecta al procedimiento jurídico, la Ley de Competencia y Consumo estipula que una evaluación de Fase 2 puede extenderse por un periodo de hasta 90 días hábiles. Este lapso temporal podrá prorrogarse únicamente bajo circunstancias excepcionales contempladas por la normativa australiana. La resolución definitiva del caso dependerá del volumen de información recabada y de la solidez de los argumentos presentados por los diversos actores de la cadena de suministro industrial.
Fuente y foto: ACCC
