El Tribunal de Santa Marta ordenó la suspensión de explotación de gas en el pozo Uchuva 2, ubicado en el mar Caribe colombiano, hasta que se lleve a cabo una consulta previa con la comunidad indígena de Taganga. Este fallo judicial responde a la acción de tutela presentada por Ariel Daniels de Andreis, gobernador de esta comunidad, contra varias entidades, incluyendo la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Ministerio de Minas y Energía, y Ecopetrol.
La importancia de la consulta previa
En la sentencia, se reconoce el derecho fundamental de la comunidad indígena de Taganga a la consulta previa, el debido proceso, y la protección de su propiedad intelectual, cultural y ambiental. Para hacer valer estos derechos, el Ministerio del Interior tiene un mes para corregir la resolución ST-1630 y reconocer oficialmente la presencia del cabildo indígena de Taganga en el área de explotación. Solo después de este reconocimiento, se autorizará la realización de una consulta previa.
El fallo también obliga a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a realizar un nuevo estudio de impacto ambiental y sociocultural. Este estudio deberá evaluar los efectos que el proyecto Uchuva 2 podría tener en la comunidad indígena, garantizando así que sus derechos y su forma de vida sean considerados en el proceso de toma de decisiones.
El fallo incluye una serie de directrices para proteger los derechos de las comunidades ancestrales del agua en proyectos futuros. La Presidencia, en coordinación con los ministerios competentes, debe crear un protocolo interinstitucional en un plazo de seis meses. Este protocolo garantizará la identificación, consulta y protección de dichas comunidades ante futuros proyectos.
La suspensión de explotación de gas a Ecopetrol y Petrobras
Las empresas Ecopetrol y Petrobras deberán evitar el uso de nombres o símbolos culturales de la comunidad Taganga sin su consentimiento expreso. Por ejemplo, el Tribunal de Santa Marta ordenó el retiro de los nombres “Uchuva” y “Área de Interés de Perforación Exploratoria Tayrona” en un plazo de 48 horas. Esta medida busca proteger la propiedad cultural y espiritual de la comunidad indígena.
Además, se sugiere la formación de un comité de supervisión integrado por representantes del Cabildo Indígena de Taganga, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. Este comité vigilará el cumplimiento de las órdenes emitidas, asegurando la protección de los derechos de la comunidad.
También la Defensoría del Pueblo implementará medidas pedagógicas para informar a las comunidades étnicas costeras sobre sus derechos. Por su parte, el Ministerio del Interior y la Escuela Superior de Administración Pública diseñarán un programa de capacitación sobre los derechos de las comunidades ancestrales del agua.
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Fuente: Infobae
Foto: Shutterstock
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