Meta Platforms comenzó en Tennessee uno de los procesos judiciales más relevantes para la industria tecnológica, donde deberá responder a las acusaciones de haber diseñado Instagram con funciones orientadas a fomentar el uso compulsivo entre adolescentes, contribuyendo presuntamente a la crisis de salud mental juvenil.
La demanda, presentada por la oficina del fiscal general de Tennessee, Jonathan Skrmetti, sostiene que la compañía violó la legislación estatal de protección al consumidor al desarrollar características que incentivan la permanencia continua de los usuarios en la plataforma, mientras ocultaba investigaciones internas que advertían sobre sus posibles efectos negativos en menores de edad.
Tennessee cuestiona el diseño de la plataforma
El caso no se centra en el contenido publicado por los usuarios, sino en elementos propios de la arquitectura de Instagram, entre ellos la reproducción automática de videos, las notificaciones constantes, el formato de Reels y los mecanismos que hacen desaparecer ciertos contenidos después de un tiempo determinado.
Según la demanda, Meta conocía desde hace años que estas funciones podían aumentar el uso compulsivo entre adolescentes, pero decidió mantenerlas sin advertencias suficientes al público. El estado también sostiene que el director ejecutivo de la compañía, Mark Zuckerberg, recibió información interna sobre estos riesgos y no impulsó medidas para reducirlos.
Meta rechazó las acusaciones y afirmó que la plataforma incorpora controles parentales, configuraciones predeterminadas para adolescentes y herramientas diseñadas para ofrecer una experiencia más segura. La empresa insiste además en que la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones limita su responsabilidad sobre el contenido generado por terceros.
Un juicio que podría influir en toda la industria
La selección del jurado marca el inicio de un juicio previsto para extenderse durante siete semanas. En esta primera etapa se determinará si Meta infringió la legislación de Tennessee. De ser así, una segunda fase establecerá las sanciones económicas y evaluará posibles modificaciones obligatorias en el funcionamiento de Instagram.
El proceso coincide con otros litigios similares en California y forma parte de una ofensiva legal impulsada por casi todos los estados de Estados Unidos, que cuestionan el impacto de las redes sociales sobre menores de edad. Paralelamente, Meta enfrenta miles de demandas presentadas por familias, distritos escolares y gobiernos estatales.
Uno de los antecedentes más relevantes ocurrió este año en Nuevo México, donde un jurado concluyó que la empresa engañó a los consumidores sobre la seguridad de Facebook, Instagram y WhatsApp, otorgando al estado una indemnización de 375 millones de dólares.
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