Inspenet, 29 de agosto de 2023.
En un giro reciente de eventos, la industria del gas natural ha levantado banderas rojas sobre una propuesta regulatoria presentada por la Administración de Seguridad de Materiales Peligrosos y Gasoductos (PHMSA). Esta propuesta, que tiene como objetivo principal fortalecer las medidas de detección y reparación de fugas en gasoductos, ha sido recibida con escepticismo y preocupación por diversos actores clave en el sector energético.
Industria del gas natural en desacuerdo
Varias asociaciones líderes, que incluyen desde la Asociación de Gas Americana hasta el Instituto Americano del Petróleo, han consolidado esfuerzos para presentar un conjunto de recomendaciones que, en su opinión, afinarían y mejorarían la propuesta inicial. Estas organizaciones sostienen que la regulación, en su forma actual, va más allá de lo que el Congreso había previsto para PHMSA. Además, critican que la propuesta carece de un análisis detallado y riguroso sobre los costos y beneficios que conllevaría su implementación.
Uno de los puntos de fricción más notables radica en cómo se define y se aborda el concepto de “fugas peligrosas”. La regulación propuesta parece no hacer una distinción clara entre fugas de diferente magnitud y potencial de riesgo. Esto, según las asociaciones, podría llevar a una gestión ineficiente, tratando fugas menores con la misma urgencia y recursos que las fugas que representan un peligro inminente para la comunidad y el medio ambiente. Las asociaciones abogan por una clasificación más matizada que permita priorizar las intervenciones según el nivel de riesgo real.
En cuanto a los aspectos económicos, la discrepancia entre las estimaciones de costos de PHMSA y las de la industria es considerable. Mientras que PHMSA proyecta un desembolso anual de unos $14.9 millones para la implementación de la norma, la Asociación Interestatal de Gas Natural de América (INGAA) estima que los costos reales oscilarían entre $228 y $516 millones anuales. Esta diferencia pone de manifiesto la necesidad de un análisis más profundo y colaborativo.
Además, la propuesta ha sido objeto de críticas por su enfoque en la reducción de emisiones de metano, un gas de efecto invernadero significativamente más potente que el dióxido de carbono. Aunque la intención de reducir estas emisiones es loable, las asociaciones argumentan que la norma, en su forma actual, podría tener el efecto contrario. Al requerir inspecciones y reparaciones más frecuentes, se podrían generar más emisiones de las que se pretenden evitar.
Concluyendo sus observaciones, las asociaciones han solicitado una revisión del plazo de implementación. Argumentan que el período de 6 meses propuesto por PHMSA es simplemente irreal y han pedido que se extienda a 3 años para garantizar una transición adecuada y bien planificada.
El debate está servido y la industria espera que sus inquietudes y recomendaciones sean consideradas seriamente. La balanza entre seguridad, sostenibilidad y viabilidad económica es delicada, y el camino a seguir requerirá diálogo y colaboración.
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