La Agencia de Protección Ambiental (EPA) bajo la administración de Donald Trump se prepara para anular la base legal que permite regular las emisiones contaminantes en Estados Unidos. La medida, conocida como la derogación de la “determinación de peligro”, afectaría directamente las políticas de regulación climática vigentes desde 2009.
Emitida en 2009 durante la presidencia de Barack Obama, esta resolución estableció que ciertos gases de efecto invernadero, incluidos el dióxido de carbono y el metano, representan una amenaza para la salud pública. Gracias a este criterio legal, la EPA pudo aplicar regulaciones a sectores como el automotor y la generación eléctrica.
La determinación está respaldada por evidencias científicas y fue validada por decisiones judiciales en años posteriores. Su eliminación representaría un giro estructural en la manera en que Estados Unidos aborda el cambio climático desde el punto de vista legal y administrativo.
Según reportes de Bloomberg y The Wall Street Journal, la derogación eliminaría la obligación de reportar, monitorear o reducir las emisiones de los seis gases cubiertos por la determinación de 2009. Esto afectaría de forma directa a sectores industriales, energéticos y de transporte.
Aunque la EPA ha aclarado que la medida no anula automáticamente las regulaciones sobre emisiones de las centrales eléctricas, la supresión del fundamento legal abre la puerta para futuras acciones que también las debiliten.
Diversas organizaciones ambientalistas ya han anunciado que impugnarán la decisión en los tribunales. Desde el Fondo de Defensa Ambiental se ha advertido que esta medida "eliminaría herramientas vitales para proteger a las personas de la contaminación climática".
Por su parte, la administración Trump ha defendido la revocación argumentando que las restricciones ambientales limitan el desarrollo energético y obstaculizan la competitividad industrial. El director de la EPA, Lee Zeldin, calificó la determinación de 2009 como “una de las decisiones más perjudiciales de la historia moderna”.
Si la revocación se mantiene firme, la política climática federal podría quedar sin su principal ancla legal, esto significaría que cualquier intento futuro de aplicar normas de reducción de emisiones deberá pasar por el Congreso, un escenario políticamente difícil. Además, posiciona a Estados Unidos en un rumbo contrario a los compromisos internacionales asumidos en materia de cambio climático.
Mientras tanto, el debate seguirá dividiendo a legisladores, científicos, sectores productivos y activistas ambientales en un momento donde las consecuencias del calentamiento global se hacen cada vez más visibles.
BP sorprendió al mercado tras suspender su recompra trimestral de acciones por 750 millones de dólares y redirigir esos fondos al pago de deuda, tras asumir casi 4 mil millones en pérdidas vinculadas a negocios de energía renovable y biogás, la medida llega en medio de una transición de liderazgo, ya que Meg O'Neill tomará las riendas de la compañía en abril. En paralelo, BP reportó una utilidad neta de 1.540 millones de dólares en el último trimestre de 2023, un aumento del 32% respecto al año anterior. Sin embargo, el anuncio no cayó bien entre los inversionistas y las acciones llegaron a caer hasta un 5,7% durante la jornada.
Además del giro financiero, BP reafirmó su decisión de enfocar inversiones en petróleo y gas, alejándose de sus proyectos bajos en carbono. La petrolera destacó su hallazgo en Brasil, conocido como "Bumerangue", con un estimado de 8 mil millones de barriles entre crudo y condensado, lo que se perfila como uno de sus proyectos más ambiciosos en décadas. Mientras tanto, recortó el valor de unidades como su solar Lightsource y la de biogás Archaea, comprada en 2022 por 4.100 millones.
El precio del petróleo subió ligeramente mientras los mercados seguían atentos a las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Las alertas se encendieron tras una advertencia de Washington a buques comerciales que transitan el estratégico Estrecho de Ormuz, instándolos a evitar aguas iraníes y rechazar cualquier abordaje solicitado por fuerzas de ese país. Esta región es clave para el flujo global de energía: por ahí pasa el 20% del petróleo mundial. Ante este riesgo, el Brent avanzó un 0,5% y el WTI un 0,4%.
Aunque las conversaciones nucleares entre ambos países han mostrado señales de apertura, el nerviosismo persiste. Analistas apuntan que no hay una amenaza concreta de corte de suministro, pero la posibilidad de una escalada mantiene una “prima de riesgo” en los precios. A esto se suma el movimiento de grandes compradores, como India, que busca diversificar sus fuentes ante la presión internacional por reducir la compra de petróleo ruso. En paralelo, la Unión Europea propuso nuevas sanciones que incluso afectarían puertos fuera del continente vinculados a Moscú.
La energética noruega Equinor anunció planes para aumentar en más de 23% su producción internacional de petróleo y gas hacia 2030, apostando por activos clave en Brasil, Estados Unidos y Canadá. Aunque la compañía redujo su presencia en varios países en los últimos años, ahora busca fortalecer su portafolio fuera de Noruega con un objetivo de producción de 900.000 barriles diarios, frente a los 730.000 previstos para 2025. Este impulso se apoya en proyectos como Bacalhau y Raia en Brasil, Sparta en el Golfo de México y Bay du Nord frente a las costas canadienses.
Además, Equinor reactivó negociaciones con el gobierno de Tanzania para un proyecto de gas natural licuado, pese al contexto político inestable en ese país. A futuro, planea exploraciones más selectivas en zonas como Angola, el Mediterráneo oriental y Namibia. El crecimiento apunta a consolidar activos de alto rendimiento, reduciendo su exposición a campos maduros y priorizando desarrollos con mayor potencial a largo plazo.
El gobierno de Queensland, liderado por David Crisafulli, otorgó derechos de exploración en la zona de Taroom Trough, un área de 750 km² en el suroeste del estado que podría convertirse en la primera gran provincia petrolera de Australia desde los años 70. Las empresas Omega TN, Tri-Star Stonecroft y Drillsearch Energy serán las encargadas de iniciar la exploración en esta región, que podría marcar un antes y un después en la producción nacional de petróleo y gas.
La decisión forma parte de una estrategia más amplia para ampliar el suministro energético del país, con el objetivo de contener los precios internos y asegurar prioridad de abastecimiento para hogares y empresas australianas. Además, el gobierno regional busca recuperar terreno frente a políticas previas que frenaron la actividad minera y gasífera, especialmente en zonas clave como Queensland, un estado históricamente ligado a los recursos naturales. La exploración también se vincula con sectores estratégicos como la agricultura, al facilitar insumos como fertilizantes a precios más competitivos.
