La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional la Ley N.° 5 de 1997, la cual sirvió como base legal para el contrato de concesión otorgado a Panama Ports Company (PPC) hace casi tres décadas. El fallo impacta directamente la continuidad de las operaciones de PPC en los puertos de Balboa y Cristóbal, dos puntos estratégicos para el comercio internacional.
Aunque PPC aún no ha sido formalmente notificada, la empresa considera que la decisión es incompatible con el marco legal vigente. Según su declaración oficial, la compañía ha cumplido plenamente con las obligaciones contractuales y legales establecidas desde el inicio de la concesión.
De acuerdo con el comunicado emitido por el Poder Judicial, la ley fue declarada inconstitucional por no cumplir con ciertos requisitos establecidos en la Constitución panameña. Esta ley fue crucial para viabilizar el contrato firmado con PPC tras un proceso de licitación internacional realizado en 1997.
En su pronunciamiento, PPC afirmó que la medida pone en riesgo sus operaciones y también el bienestar de miles de trabajadores y la reputación internacional de Panamá como centro logístico confiable. La empresa sostiene que la decisión judicial forma parte de una campaña estatal que lleva más de un año afectando sus actividades.
El fallo introduce incertidumbre jurídica en un sector que depende fuertemente de la estabilidad legal y la confianza inversionista. PPC ha sido responsable de más de 1.800 millones de dólares en inversión desde el inicio de la concesión, posicionando a los puertos bajo su gestión como líderes en conectividad regional.
El impacto potencial abarca desde disputas legales hasta una disminución en la inversión extranjera. También podría afectar la llegada de nuevas navieras y alterar la dinámica del comercio marítimo en la región.
PPC ha advertido que se reserva el derecho de acudir a mecanismos legales nacionales e internacionales. Esto incluye la posibilidad de arbitrajes bajo tratados de inversión, los cuales podrían escalar el conflicto a instancias multilaterales.
Panama Ports Company ha sido uno de los actores importantes en el desarrollo de la infraestructura logística del país. Con presencia tanto en la costa Pacífica como en la Atlántica, su operación ha sido vital para el posicionamiento de Panamá como hub regional.
Ambos puertos han recibido importantes mejoras tecnológicas y de capacidad, permitiendo atraer a las principales líneas navieras del mundo. Estos avances han sido posibles gracias al contrato de concesión original.
El conflicto ha encendido alertas sobre la estabilidad institucional en Panamá, para los inversionistas extranjeros, la ruptura de contratos previamente avalados por ley representa un riesgo significativo.
Desde el punto de vista empresarial, el caso Panama Ports podría minar la imagen del país como destino seguro para la inversión. También pone en tela de juicio la capacidad de las instituciones para respetar compromisos a largo plazo.
Aunque el Ejecutivo no ha emitido una declaración detallada, medios nacionales han informado que se mantiene el proceso de licitación para nuevos operadores, lo que sugiere que se busca reemplazar o modificar el esquema vigente.
La decisión de la Corte no especifica medidas inmediatas sobre la operación actual. Sin embargo, deja abierta la puerta a cambios estructurales en la gestión de los puertos.
Entre las opciones que se manejan están: una renegociación del contrato, una revocación progresiva de la concesión o una nueva licitación abierta a otros actores.
Las petroleras TotalEnergies y Galp consolidaron su alianza con Namibia en una reunión de alto nivel con la presidenta del país, Netumbo Nandi-Ndaitwah, ambas compañías reafirmaron su compromiso con el desarrollo responsable del sector energético, tras un reciente acuerdo que redefine su presencia en la Cuenca Naranja. TotalEnergies asumirá la operación de la licencia PEL 83, donde se ubica el descubrimiento Mopane, mientras que Galp tomará participación en las licencias PEL 56 y PEL 91, zonas clave del hallazgo Venus.
Durante el encuentro, se presentó el avance de las operaciones y los próximos pasos estratégicos, se prevé una campaña de perforación en Mopane para 2026, mientras que el desarrollo de Venus podría llegar a una decisión de inversión definitiva ese mismo año. Las empresas destacaron los beneficios esperados en empleo, formación de talento local e impulso a la industria nacional, haciendo énfasis en la necesidad de un marco regulatorio estable para avanzar eficientemente.
El precio del gas natural en Europa cerró enero con un alza del 38 %, su mayor incremento mensual desde el verano de 2023, la causa principal: un invierno más severo de lo esperado que disparó el consumo para calefacción y vació con rapidez los almacenes. Los futuros TTF holandeses, referencia para el mercado europeo, superaron los 46 dólares por MWh tras iniciar el mes por debajo de 35 dólares.
La situación se agravó por factores externos. La gran helada en Estados Unidos afectó la producción de GNL, y el aumento de tensiones entre Irán y EE.UU. encendió alarmas sobre posibles interrupciones en los envíos desde Qatar, segundo mayor exportador global. Esto ha provocado un cambio brusco en las apuestas del mercado: los inversores pasaron de vender a comprar masivamente en solo una semana.
Chevron logró resultados mejores de lo esperado en el cuarto trimestre de 2025, con ganancias ajustadas de $1,52 por acción, superando las proyecciones pese a una caída frente al mismo periodo del año anterior, el desempeño se sostuvo gracias a una estrategia de reducción de costos y eficiencia operativa en un entorno de precios más bajos del crudo. Además, la compañía reafirmó su presencia en Venezuela, donde ya produce 250.000 barriles diarios y podría aumentarlos un 50 % si recibe más autorizaciones de EE.UU.
El interés renovado en Venezuela coincide con una flexibilización de sanciones por parte del gobierno estadounidense, lo que abre la puerta a nuevas oportunidades en un país que Chevron considera con alto potencial a largo plazo. La empresa adoptará un enfoque cauteloso en sus inversiones, pero ve a Venezuela como una pieza estratégica para fortalecer la seguridad energética regional. Por otro lado, la producción global de Chevron se mantuvo estable, apoyada por activos clave en el Golfo de México, Kazajistán y la Cuenca Pérmica.
El precio del crudo se mantendría cerca de los 60 dólares por barril durante 2026, según un sondeo de Reuters entre analistas, a pesar de los riesgos geopolíticos (incluyendo la tensión entre Estados Unidos e Irán, sanciones a Rusia e inestabilidad en Oriente Medio), el mercado parece dominarlo un exceso de oferta. Se proyecta que el Brent promedie 62,02 dólares por barril y el WTI 58,72 dólares, cifras similares a las del año anterior.
El superávit global estimado podría alcanzar hasta 3,5 millones de barriles diarios, lo que ha reducido el impacto de eventos como la captura de Nicolás Maduro o los problemas en Venezuela, donde se espera que cualquier alza significativa en producción tome años en materializarse. Además, los analistas ponen atención en la política de la OPEP+, que por ahora mantiene cautela frente a nuevos incrementos en su producción conjunta.
