La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) se dispone a eliminar la base legal que ha sostenido durante más de una década las principales políticas ambientales del país: la llamada «determinación de peligro» de 2009. Esta medida identificó seis gases de efecto invernadero, entre ellos el dióxido de carbono y el metano, como amenazas para la salud pública.
Desde entonces, esa disposición ha sido el pilar sobre el que se han construido normas de control de emisiones para vehículos, industrias y centrales eléctricas. Sin embargo, según declaraciones obtenidas por medios estadounidenses, la administración Trump anunciaría en breve la revocación de este fundamento legal, debilitando así el alcance regulatorio de la EPA.
La base legal de regulación climática bajo amenaza directa
La eliminación de la determinación de peligro implica más que un gesto simbólico. Según reportes, con esta decisión quedarían sin efecto los requisitos federales de monitoreo, notificación y reducción de emisiones de los gases implicados. Aunque las normas sobre centrales eléctricas no serían derogadas de inmediato, analistas consideran que esta revocación abriría la puerta para hacerlo.
Para la actual administración, las regulaciones climáticas han sido vistas como un obstáculo al desarrollo energético. Voceros han sostenido que el cambio climático no representa una amenaza existencial, en contraste con las posturas científicas adoptadas durante las administraciones anteriores.
Reacción del sector ambiental y escenario legal en desarrollo
Organizaciones como el Fondo de Defensa Ambiental anticipan un desafío judicial inmediato. Argumentan que esta medida socava los mecanismos más eficaces para limitar la contaminación climática. Por su parte, expertos legales advierten que revertir un hallazgo con tanto respaldo científico podría enfrentar obstáculos en tribunales federales.
La EPA, bajo esta nueva línea, ha calificado el hallazgo de 2009 como una de las decisiones «más perjudiciales de la historia moderna«, lo que marca un cambio profundo en la narrativa institucional. Mientras tanto, sectores industriales y grupos conservadores han aplaudido el enfoque como un alivio regulatorio necesario.
El futuro de la política climática queda en el limbo
Con esta revocación, se redefine el alcance de las herramientas que tiene el gobierno federal para enfrentar la crisis climática. La ausencia de una base legal sólida para controlar los gases de efecto invernadero podría debilitar compromisos internacionales y obstaculizar la planificación ambiental a largo plazo.
En este escenario, el futuro inmediato dependerá de la solidez de los recursos judiciales y de la capacidad del Congreso para responder legislativamente a un cambio de rumbo en materia ambiental.
Fuente y foto: Oil Price