Inspenet, 17 de julio 2023.
Después de enfrentar diversos obstáculos durante 15 años, el gobierno de Costa Rica inauguró los escáneres en puertos marítimos el pasado jueves 13 de julio. Este evento forma parte del “Operativo Soberanía”, en el cual las autoridades del Poder Ejecutivo llevarán a cabo acciones desde la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) en la ciudad de Limón.
Durante una conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno llevada a cabo el día anterior, el presidente de la República Rodrigo Chaves, compartió sus expectativas sobre este acontecimiento. El gobernante viajó a Limón el jueves para inspeccionar los detalles logísticos y supervisar la puesta en marcha de los dispositivos que se encargarán de fiscalizar los contenedores, garantizando que abandonen el territorio nacional sin ningún problema.
Decreto gubernamental
El gobierno de la República informó el 30 de noviembre de 2022 que la empresa Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa S.A) sería la encargada de administrar los escáneres en puertos y puestos fronterizos de Costa Rica. Esta decisión se hizo oficial a través del Decreto Ejecutivo 43806-H, el cual fue firmado por el presidente Rodrigo Chaves Robles y el ministro de Hacienda Nogui Acosta Jaén.
El anuncio se realizó en el marco de la Declaratoria de Interés Público al Sistema de Inspección No Intrusiva (SINI). Los escáneres fueron un requisito establecido por la Comisión de Asuntos Económicos, con el objetivo de que la Asamblea Legislativa aprobara los $5.000 millones de Eurobonos para la administración.
En aquel momento, el gobierno anunció que la compañía proporcionaría un servicio completo a un precio “inferior” al actual, con un límite máximo de alrededor de $25 por concepto de canon de revisión.
El costo total de los dispositivos superará los $35 millones e incluye la instalación de nueve escáneres que se utilizarán para prevenir el envío o ingreso de drogas en contenedores.
Habrá dos equipos ubicados en APM Terminals, uno en la Junta de Administración Portuaria de Desarrollo de la Vertiente Atlántica (Japdeva), dos en Puerto Caldera, uno en el puesto fronterizo de Paso Canoas, uno en Peñas Blancas, y dos dispositivos móviles en Las Tablillas y Sixaola.
Escáneres en puertos marítimos: los obstáculos detras de la gestión
La instalación de escáneres en Costa Rica ha sido un desafío constante para las últimas cinco administraciones presidenciales.
En 2008, el gobierno del expresidente Óscar Arias Sánchez recibió una donación de escáneres por parte de la República Popular China, con el objetivo de detectar sustancias ilegales en los contenedores que ingresan y salen del país.
Inicialmente, se planificó que los escáneres, fabricados por la empresa china Nuctech Company Limited y valorados en $6 millones, se implementaran en los puestos fronterizos de Peñas Blancas y Paso Canoas para julio de 2009. Sin embargo, problemas logísticos impidieron que esta opción se llevara a cabo en ese momento.
Finalmente, los escáneres llegaron al país en enero de 2010, pero no se utilizaron, lo que llevó al Ministerio de Hacienda durante la administración de Laura Chinchilla Miranda a incurrir en un gasto de $423,000 para evitar que quedaran sin funcionamiento.
En julio de 2013, el periódico La Nación informó que los dos escáneres que nunca se habían utilizado en los puestos de vigilancia, se averiaron y requirieron de gastos para su reparación.
Posteriormente, durante una comparecencia en la Asamblea Legislativa en agosto de 2019, el exdirector de la Policía de Control Fiscal (PCF), Irving Malespín, reveló que los escáneres donados por China eran inútiles y no cumplían su función.
Así mismo, en noviembre de 2014, el canciller de la República Manuel González solicitó la ayuda a China para donar al menos dos escáneres a Costa Rica.
La Embajada asiática aceptó el proceso y solicitó a Costa Rica que verificara una lista de especificaciones técnicas y los equipos a utilizar.
En junio de 2016, la administración de la Cancillería viajó a China y presentó una solicitud formal que incluía ocho escáneres capaces de inspeccionar al menos 100 contenedores por hora.
Aunque el gobierno firmó un convenio de cooperación con China por $15 millones para tres escáneres fijos, en octubre de 2017 se recibió una comunicación oficial indicando que el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) sería el organismo receptor, pero no se podrían instalar en seis meses debido a la necesidad de adquirir equipos técnicos adicionales.
Durante el gobierno de Carlos Alvarado, también se enfrentaron problemas para poner en funcionamiento los escáneres y en septiembre de 2019 se hizo público que los escáneres, valorados en $8 millones, fueron rechazados.
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