La disputa legal que involucra a la multinacional ExxonMobil y al Estado cubano ha alcanzado el estrado más influyente del sistema judicial estadounidense. Una simple reclamación económica, pues pone a prueba los límites de la jurisdicción nacional sobre bienes extranjeros. El lunes pasado, los magistrados iniciaron el análisis de las demandas que buscan un resarcimiento por propiedades de petróleo y gas valoradas hoy en más de mil millones de dólares.
El papel de la Ley Helms-Burton en el litigio de ExxonMobil
Este conflicto se fundamenta en una normativa de 1996 que permite a empresas estadounidenses litigar contra quienes trafiquen con bienes expropiados por el gobierno de Fidel Castro. Así mismo, la actual postura de la administración de Donald Trump ha intensificado la presión sobre La Habana al mantener activa la posibilidad de estas demandas.
El punto crítico que la Corte debe dirimir no es la legitimidad de la confiscación, sino si las corporaciones estatales como CIMEX pueden ampararse en la inmunidad soberana para evadir las cortes de Estados Unidos.
Es relevante destacar que este proceso legal no afecta únicamente al sector de los hidrocarburos. La instancia judicial también revisa las acciones de Havana Docks contra importantes líneas de cruceros que operaron en muelles anteriormente privados. Mientras que algunos tribunales inferiores han desestimado cargos basados en la expiración de concesiones, el máximo tribunal tiene ahora la potestad de unificar criterios. La resolución de estos casos determinará el nivel de riesgo legal para cualquier compañía internacional que decida invertir en la isla.
La decisión final marcará un precedente sobre cómo las corporaciones pueden recuperar capital perdido en procesos de nacionalización sin compensación. ExxonMobil persigue una indemnización que ha crecido exponencialmente desde los 70 millones de dólares originales debido a los intereses acumulados y las protecciones legales vigentes.
De fallar a favor de la petrolera, veríamos un cambio radical en la seguridad jurídica de los activos transnacionales. Continuaré monitoreando los argumentos orales para informar sobre el impacto directo en la estabilidad de las inversiones energéticas en la región.
Fuente: Reuters
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