La Oficina de Gestión de Energía Oceánica (BOEM, por sus siglas en inglés) anunció este martes el inicio del proceso para evaluar posibles ventas de arrendamientos de petróleo y gas en la Plataforma Continental Exterior frente a California, una medida que reactiva el debate sobre la perforación offshore en uno de los estados más opuestos históricamente a esta práctica.
La agencia federal comunicó su intención de preparar una Declaración de Impacto Ambiental Programática (PEIS) centrada en las Áreas de Planificación del Norte, Centro y Sur de California, como parte del 11º Programa Nacional de Arrendamientos de la Plataforma Continental Exterior. Este paso marca el inicio formal de un proceso regulado por la Ley Nacional de Política Ambiental.
A partir del 27 de febrero, se ha abierto un periodo de consulta pública de 30 días, en el que BOEM recibirá comentarios de gobiernos estatales, locales y tribales, así como de organizaciones y ciudadanos interesados. Los aportes servirán para identificar riesgos, medidas de mitigación y alternativas razonables para futuras decisiones relacionadas con el arrendamiento energético en aguas federales.
Un proceso con fuerte impacto político y ambiental
La declaración programática cubrirá inicialmente las ventas propuestas para 2027 en el centro y sur de California, y más adelante una posible venta en el norte del estado, prevista para 2029. Según BOEM, se ofrecerían todos los bloques no arrendados que contengan recursos económicamente recuperables.
Sin embargo, la propuesta reaviva la oposición histórica que existe en California ante la expansión petrolera en su litoral. Desde 1984 no se realiza una venta de arrendamiento de este tipo en aguas federales frente al estado, y varios sectores políticos y ambientales ya han manifestado su rechazo.
Legisladores y autoridades locales rechazan la iniciativa
Líderes estatales y locales de California han denunciado el proyecto impulsado por la administración Trump, acusándolo de poner en riesgo la economía costera y los ecosistemas marinos. En una carta reciente, legisladores como el congresista Jared Huffman pidieron extender el periodo de consulta a 90 días para permitir una participación más amplia.
También se han sumado al rechazo entidades como el Ayuntamiento de Arcata y la Junta de Supervisores del Condado de Humboldt, que aprobaron resoluciones en contra del plan. El Distrito Portuario de Humboldt Bay evalúa una ordenanza para limitar instalaciones de apoyo a perforaciones offshore en sus instalaciones.
Implicaciones a futuro
Organizaciones ambientales como el Environmental Protection Information Center (EPIC) alertaron sobre posibles debilidades en el análisis ambiental del gobierno federal. Aun así, instan a la ciudadanía a participar activamente en la consulta.
Mientras se desarrolla este proceso, el futuro de la costa californiana como zona petrolera dependerá del equilibrio entre los objetivos energéticos nacionales, la presión política estatal y el poder de las comunidades para influir en la toma de decisiones.
Fuente: BOEM