Según un estudio realizado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en colaboración con BBVA Research y publicado el pasado lunes, se concluyó que un aumento progresivo en el impuesto de carbono por tonelada emitido hasta alcanzar los 227 euros en el año 2050 sería necesario para cumplir con el objetivo de emisiones netas cero de carbono.
El informe, que evalúa los efectos macroeconómicos y sobre el bienestar social en España de diversas estrategias para alcanzar la neutralidad en emisiones de carbono en 2050, destaca que la implementación efectiva de políticas económicas destinadas a facilitar la transición hacia la descarbonización tendrá un impacto significativo en la dinámica macroeconómica y conllevará costos en el corto plazo, aunque el balance a largo plazo podría ser positivo.
El estudio sobre el impuesto de carbono
El estudio compara diversas estrategias de mitigación y concluye que, en términos de generación de reducciones significativas en las emisiones, los subsidios a la inversión verde son la opción que requiere más tiempo en comparación con otras políticas. Por otro lado, el aumento en los precios de los combustibles fósiles para desincentivar su uso resultaría en los mayores costos en términos de bienestar, tanto durante la transición hasta 2050 como a largo plazo.
En este contexto, los impuestos a las emisiones surgen como la política más preferible en términos de bienestar durante la transición hasta 2050. Sin embargo, a diferencia de los impuestos, los subsidios a la inversión verde pueden generar ganancias sustanciales en el bienestar a muy largo plazo, incluso sin una coordinación de políticas de reducción de emisiones entre las economías.
Por lo tanto, utilizar los ingresos derivados de impuestos al carbono para financiar subsidios a la inversión verde podría lograr un efecto más equilibrado en el bienestar entre el corto y largo plazo, aunque implicaría penalizar la redistribución de ingresos hacia los hogares más afectados por la transición energética.
Además de alcanzar la reducción de emisiones requerida para cumplir con el objetivo de Emisiones Netas Cero (NZE), un incremento progresivo en los impuestos por tonelada de carbono disminuiría de manera relativa la pérdida promedio de bienestar derivada de estas políticas durante el periodo de transición. Esta pérdida, que es del -0,44% en términos de consumo equivalente desde 2019 hasta 2050, alcanzaría brevemente 1,5 puntos porcentuales de pérdida de consumo equivalente ese año.
¿Qué es el impuesto de carbono?
El gravamen sobre el carbono es un tributo ambiental que se aplica a las emisiones de dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero, con el objetivo de reducir su liberación a la atmósfera. Este impuesto actúa como un desincentivo para las emisiones contaminantes al hacer que aquellos que emiten paguen en proporción a la cantidad de contaminantes liberados.
El impacto del impuesto se refleja en los precios finales de los productos, aumentándolos según las emisiones generadas durante su producción, fomentando así el consumo de productos con menor huella de carbono en su fabricación. Un incremento gradual y planificado en el impuesto puede dirigir las inversiones a largo plazo, brindando a consumidores y empresas el tiempo necesario para adaptarse.
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Fuente: elperiodicodelaenergia.com
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