Corte panameña anula concesión portuaria que sostenía a PPC desde hace 28 años

La revocación del contrato amenaza la estabilidad jurídica y la confianza en inversiones portuarias en Panamá.
Anulan concesión de PPC en puertos de Panamá

La Corte Suprema de Justicia de Panamá ha declarado inconstitucional la Ley N.º 5 de 1997, instrumento que dio validez al contrato de concesión bajo el cual opera Panama Ports Company (PPC) en los puertos de Balboa y Cristóbal. La decisión, aunque aún no ha sido notificada formalmente a la empresa, ha sido calificada por PPC como contraria al marco legal vigente y al debido proceso contractual.

La concesión de PPC bajo cuestionamiento legal e internacional

PPC, subsidiaria del grupo hongkonés Hutchison Ports, ha afirmado que esta medida pone en riesgo la certidumbre jurídica del país. Con una inversión acumulada que supera los 1.800 millones de dólares en infraestructura, tecnología y desarrollo humano, la empresa destaca su papel en convertir a Panamá en un hub logístico de alcance global.

Según voceros de la empresa, el contrato se originó tras una licitación internacional transparente, y desde entonces han cumplido con todas las auditorías y obligaciones legales impuestas por el Estado panameño.

El fallo tensiona relaciones con china y abre debate regional

La anulación de contratos también ha provocado reacciones a nivel internacional. Pekín, que considera a Hutchison Ports como una empresa estratégica, ha expresado su preocupación por la decisión judicial y advirtió que tomará medidas para proteger los intereses de sus compañías en el extranjero. El fallo también podría impactar las futuras negociaciones portuarias en la región.

PPC mantiene operación y evalúa vías legales

Mientras se aguarda la notificación oficial, PPC ha reiterado su compromiso con Panamá y con las comunidades de Balboa y Colón, donde se encuentran sus operaciones principales. No obstante, la empresa y sus inversionistas ya han manifestado que se reservan el derecho de acudir a mecanismos legales tanto nacionales como internacionales para proteger su posición contractual.

Expertos legales consultados coinciden en que este caso podría marcar un precedente clave sobre la estabilidad de contratos público-privados en el país, y advierten sobre posibles implicaciones en la percepción de riesgo para inversores internacionales.

Fuente: CK HUTCHISON

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