El 13 de enero, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) dio a conocer una propuesta para reformar la Sección 401 de la Ley de Agua Limpia (CWA), con el objetivo de estandarizar el proceso de certificación de calidad del agua. La iniciativa busca eliminar retrasos en la aprobación de proyectos de infraestructura y energía, devolviendo el proceso a los límites legales establecidos por el Congreso.
La nueva estructura promueve la mejora en la calidad del agua
Según la EPA, esta propuesta establecerá criterios claros para las solicitudes y decisiones de certificación, evitando interpretaciones amplias por parte de algunos estados que, según la agencia, han utilizado la Sección 401 para bloquear proyectos por razones no vinculadas a la calidad del agua. Se espera que la estandarización reduzca las demoras, proporcione mayor certeza a desarrolladores y fortalezca el papel de los gobiernos estatales y tribales dentro de sus competencias legales.
Esta medida revocaría una norma introducida durante la administración Biden en 2023, la cual había ampliado el alcance de la Sección 401. La EPA y varios legisladores republicanos argumentan que dicha ampliación permitió un uso excesivo del proceso de certificación, retrasando proyectos energéticos y de infraestructura esenciales. Con esta reforma, la agencia busca restaurar el equilibrio entre protección ambiental y desarrollo económico.
El administrador de la EPA, Lee Zeldin, destacó que la propuesta alinea la normativa con la intención original del Congreso, respetando los plazos legales y limitando el proceso a cuestiones estrictamente relacionadas con la calidad del agua. La medida cuenta con el respaldo de figuras como Shelley Moore Capito, presidenta del Comité de Medio Ambiente del Senado, y Sam Graves, líder del Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara. Ambos consideran que la nueva norma contribuirá a acelerar obras clave sin debilitar los controles ambientales pertinentes.
Tras su publicación en el Registro Federal, la EPA abrirá un periodo de 30 días para recibir comentarios públicos. La versión definitiva de la norma se espera para la primavera de 2026. La agencia ha afirmado que continuará evaluando las opiniones recibidas para garantizar una implementación efectiva y conforme a la ley.
Fuente y foto: EPA