Inspenet, 25 de septiembre 2023.
Chevron, Shell Offshore y el estado de Louisiana, EEUU han presentado una demanda con el objetivo de anular la reducción en la zona de extracción de petróleo. En respuesta a esta acción legal, un juez federal ha emitido una orden que obliga al Departamento del Interior de Estados Unidos a expandir la venta de permisos para la extracción de petróleo y gas en el Golfo de México.
La medida se había planeado originalmente para la próxima semana, pero fue modificada por el gobierno de Joe Biden para proteger a una especie de ballena en peligro de extinción. Esto representa un nuevo desafío para su administración.
Conforme a la propuesta inicial anunciada en marzo, la venta programada para el 27 de septiembre tenía como objetivo autorizar la explotación de 30 hectáreas de terrenos submarinos. Sin embargo, en agosto, la Oficina de Administración de Energía Oceánica (BOEM por sus siglas en inglés) modificó los planes finales de la venta, reduciendo el área habilitada a 27 hectáreas.
No obstante, el juez federal de distrito James David Cain Jr., con sede en la ciudad de Lake Charles, restableció la extensión original en una orden emitida el jueves por la noche. La revisión de la BOEM también incorporó nuevos límites de velocidad y requisitos para el personal en buques petroleros en algunas de estas áreas, los cuales también fueron bloqueados por la orden de Cain.
Así mismo, la Oficina de Administración de Energía Oceánica (BOEM) había adoptado la reducción del área de extracción y las nuevas regulaciones para la próxima venta de permisos como parte de un acuerdo alcanzado el mes pasado entre el gobierno y grupos ecologistas, con el fin de resolver una demanda relacionada con la protección de las ballenas que se presentó en un tribunal federal en Maryland.
La posición de EEUU
Chevron, Shell Offshore, el American Petroleum Institute y el estado de Louisiana presentaron una demanda con la intención de revertir la disminución del área de extracción y detener las nuevas medidas de protección de las ballenas que se incluyeron en las condiciones de venta de los permisos. Estas empresas argumentaron que las acciones gubernamentales infringían las disposiciones de la Ley de Reducción del Gasto, que buscaba fomentar la energía limpia y abrir nuevas oportunidades para la extracción en el Golfo de México.
También argumentaron que las modificaciones realizadas después de la propuesta de venta en marzo constituyen una violación de la ley federal, ya que fueron aprobadas sin una justificación adecuada de su necesidad.
Sin embargo, en la actualidad, la Casa Blanca se encuentra en una situación delicada y enfrenta acusaciones diversas. Por otro lado, existe una demanda presentada por Earthjustice y otros grupos ecologistas que busca detener por completo la venta de permisos, argumentando que esto infringe la Política Ambiental Nacional.
Estos grupos afirman que el gobierno no consideró adecuadamente las amenazas a la salud de las comunidades costeras del Golfo cercanas a las refinerías, ni los impactos de la extracción de combustibles fósiles en el cambio climático.
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